Una alternativa en la Marca País para el empleo productivo de excombatientes, construcción de nación y obtención de paz con enfoque constitucional

Diana Carolina Santacruz Guerrero, Universidad de Nariño
dcarolinasg@udenar.edu.co
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Abstract: In the frame of the peace process and taking into account that the economic development of a country needs the increase of qualified labor, it is essential to manage the reintegration of former FARC combatants to civil and productive life because, even though they have no training apart from war, they expect to fulfill a life project far away from violence. In this work, a qualitative analysis was made, based on the Political Constitution and the Constitutional Court jurisprudence, showing how the Country Brand is a feasible alternative to create jobs and opportunities for this population.
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Keywords: Political Constitution, Country Brand, Constitutional Court, former combatants, FARC, jobs, armed conflict

Resumen: En el marco del proceso de paz y teniendo en cuenta que el desarrollo económico de un país necesita el incremento de mano de obra calificada, es de vital importancia ocuparse de la reincorporación de excombatientes de las FARC a la vida civil y productiva porque, aunque no cuentan con una capacitación en una ocupación diferente a hacer la guerra, esperan realizar un proyecto de vida alejado de la violencia. En este trabajo, se realizó un análisis cualitativo, basándose en la Constitución Política y jurisprudencia de la Corte Constitucional, mostrando cómo la Marca País es una alternativa viable para generar empleo y oportunidades en esta población.
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Palabras clave: Constitución Política, Marca País, Corte Constitucional, excombatientes, FARC, empleo, conflicto armado

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Santacruz, D. (2015). Una alternativa en la Marca País para el empleo productivo de excombatientes, construcción de nación y obtención de paz con enfoque constitucional. Revista Justicia y Derecho3, 52-63.

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Pasto, 2 de noviembre de 2016

Una alternativa en la Marca País para el empleo productivo de excombatientes, construcción de nación y obtención de paz con enfoque constitucional

An alternative in the Country Brand to productively employ former combatants, nation building, and peace obtaining with a constitutional approach

Diana Carolina Santacruz Guerrero[1]

 I. Introducción

Estas líneas propenden, desde el enfoque constitucional, establecer cómo la Marca País o Country Brand se puede constituir en una alternativa de fuente de empleo para la gran cantidad de personas que saldrán de las filas de combate de las FARC, ante lo cual la actual economía nacional no está en condiciones de proporcionar.

Desde la norma suprema, se establece el trabajo como un derecho y un deber, además de ser uno de los principios en que se funda el Estado Social de Derecho, por lo cual, no se trata de emplear a estas personas que se reincorporan a la vida civil en cualquier tipo de trabajo, sino enmarcado dentro de lo que se constituye como trabajo digno, en ejercicio del derecho a la paz, para fomentar la producción de un proyecto de vida, con el fin de que no se produzcan fenómenos de re-vinculación a hechos ilícitos o bandas criminales como lo sucedido tras el proceso de desmovilización de los grupos armados ilegales AUC (Autodefensas Unidas de Colombia), ya que una gran cantidad de miembros del paramilitarismo se convirtieron en actores de bandas criminales (Bacrim) y, además, incrementaron la inseguridad en algunas ciudades y áreas rurales de Colombia.

Desde el punto de vista económico, la Marca País es un potenciador de marca y contribuye al desarrollo sostenible de la economía de un país, atrayendo capitales extranjeros, incremento de exportaciones y demás factores que benefician la economía nacional.

En ese entendido, el sello de Marca País Colombia favorece la imagen del producto, bien y/o servicio, y con ello el valor que ostenta el mismo, generando fuentes de trabajo, lo cual debe ser apoyado desde el ejercicio de la libre empresa y creación de empresa, fundamentalmente de PYMES, con lo que se crearían lazos de unión y reconciliación en el posconflicto, favoreciendo las exportaciones, cultura y patrimonio, personas e identidad cultural, turismo, la inversión y la inmigración, aspectos culturales históricos, y demás.

El fenómeno del Country Brand ha arrojado resultados satisfactorios a nivel mundial como potenciador de la economía nacional, lo cual se refleja en oportunidades de vinculación laboral y productiva, y, para nuestro caso, el reto de abarcar a excombatientes para la consecución de paz.

II. Contexto laboral para los excombatientes en el postconflicto en el marco constitucional

La situación de excombatientes incorporados a la vida civil posee varias vicisitudes que hacen de este proceso un tanto complejo en su estructura para generar proyectos de vida alejados de la ilegalidad y los vejámenes del conflicto. Dicho fenómeno presenta inconvenientes, de modo tal que, desde la academia, la Universidad Nacional realiza un aporte conveniente en el siguiente tenor: “[l]os programas de reintegración de excombatientes en todo el mundo deben comprender de manera integral las dimensiones económico-laboral, política y social. Sin embargo, cada caso de desmovilización demanda la identificación de particularidades que deben atenderse. En este artículo se repasan los elementos básicos de un proceso de reinserción integral y se identifican los puntos críticos para el caso colombiano, con el fin de evitar nuevos brotes de violencia y criminalidad.”[2]

El acuerdo de paz en Colombia es particular debido a muchas circunstancias, una de ellas es que comúnmente las negociaciones terminan reformando la Constitución o creando una nueva, lo cual choca en cierta manera debido a que las FARC es un grupo armado con una antigüedad superior a la de la Constitución vigente.[3]

Este conflicto interno tiene múltiples aristas para abordar, por tal razón, en esta oportunidad, se abordará tanto la problemática de la reinserción de las filas de combatientes de la guerrilla de las FARC a procesos productivos y sociales que les permita a estos individuos del conflicto construir una vida alejada de las armas, como toda la problemática que ello conlleva a la sociedad para acogerlos y crear lazos de nación para la construcción de una paz duradera en Colombia.

En ese entendido, el Estado colombiano está en la obligación de cumplir con los preceptos constitucionales, tal como lo estipula el preámbulo constitucional: “(…) con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz (…)”, su artículo 1, que funda el Estado en valores como el trabajo y el respeto por la dignidad humana, y su artículo 2 en el cual se establece los fines esenciales. Es de vital importancia cómo se asumirá esa reincorporación de excombatientes en el sentido de ubicación laboral y productividad, ello en cumplimiento de los artículos 25, 26 y 27 de la Constitución Política.

Desde la Corte Constitucional, se tiene que el derecho al trabajo es una de las bases fundantes del Estado Social de Derecho y que en la Constitución goza de especial protección.[4] Es de tal magnitud este aspecto para el posconflicto, siendo pilar en la construcción de paz. En este sentido, la Organización Internacional de Trabajo ha manifestado que “una reinserción lograda de los excombatientes es un factor clave de la estabilidad para los países que salen de conflictos. Es más, los excombatientes, y en particular aquéllos que están motivados por una ideología, constituyen un grupo con un importante potencial humano que, si no se encauza hacia la reconstrucción económica y la edificación de la paz, pueden suponer una nueva amenaza para el frágil entorno político y económico que prevalece después del conflicto. Una amplia reinserción de los antiguos combatientes no sólo contribuirá a mejorar su situación social y económica sino que además promoverá la causa de la rehabilitación de posguerra y el aumento de la capacidad para la reconstrucción económica,”[5] lo cual se ha experimentado en Colombia tras la desmovilización de paramilitares con el amparo jurídico de la Ley de Justicia y Paz, sin un resultado real, estable, y eficiente de reincorporación social, puesto que los antiguos miembros de AUC en gran cantidad se vincularon a otros actores del conflicto, delincuencia organizada o bandas criminales que aumentaron los índices de violencia e inseguridad en las ciudades.

El Manual sobre Oportunidades de Formación y Empleo para Excombatientes toca un punto muy importante respecto a los conflictos bélicos internos, y es que el principal problema que han de resolver los países afectados por conflictos es el de restablecer una paz segura, ya que paz no es simplemente el cese de los combates u hostilidades, es la gestión dinámica del desarrollo humano, político y económico y el cambio por medios no violentos. Esta gestión no violenta del cambio implica la reinserción en la vida civil normal de un elevado número de combatientes desmovilizados, poblaciones internamente desplazadas, refugiados, y la población residente afectada por el conflicto. Ello implica también la reactivación de la economía afectada por el conflicto, la creación de nuevas bases para obtener fuentes seguras de ingresos, y la reconstitución de las instituciones sociales y políticas.[6]

Ésta no es una tarea fácil, y es un reto que asumirá el Estado colombiano y la población en general ya que la reconstrucción y la reinserción de los excombatientes en la posguerra dependen en gran medida de la existencia de oportunidades de empleo y formación, así que, en este punto álgido de construcción de paz, siguiendo al artículo 25 que consagra constitucionalmente el trabajo como un derecho y una obligación, es menester determinar qué oficios y actividades de formación contribuirán más a la creación de empleos sostenibles para los miembros de las FARC que se insertaran a la vida civil.

III. Formación y vinculación

Respecto a la formación profesional, es importante encaminar a estos individuos inmersos en el conflicto en la formulación de un proyecto de vida alejado de las armas y siempre propendiendo por el desarrollo personal, familiar y comunitario. Internacionalmente hablando, en respuesta a la problemática del conflicto, una manera de contribuir a la promoción del empleo son las iniciativas locales de empleo, lo cual es viable en situaciones como las que enfrenta Colombia respecto a la falta de tecnificación de la mano de obra que no reúne las características típicas de los empresarios, en lo que se refiere a la educación, experiencia comercial previa, y disponibilidad de capital teniendo como alternativa la creación de PYMES.

Todas las actividades de formación para la administración de la microempresa y la pequeña empresa deben hacer hincapié en la importancia de los servicios financieros y los planes de crédito.[7] A menudo, existe la posibilidad de encontrar asistencia y hay que informar de esta posibilidad a los desmovilizados, aprovechando su asistencia a los cursos de formación previstos por el SENA, centros de educación superior como universidades, o formación técnica y tecnológica para que todo esto se vea reflejado en el desarrollo del país.

IV. Nuevas perspectivas para el sector productivo en la reinserción: Country Brand

En el Estado colombiano, en ejercicio del artículo 333 de la Constitución y haciendo uso de la libertad de empresa, puede posicionarse medios alternos para el incremento sostenible del desarrollo del país frente a la gran cantidad de personas que estuvieron inmersas en el conflicto para su vinculación productiva.

De modo que el Country Brand y la gestión de negocios y empresa en la actualidad y al ritmo que vive el mundo pueden contribuir a la generación de empleo y vinculación de excombatientes de las FARC y, en fin, para la superación del conflicto. Ahora bien, en un mundo globalizado que gira en torno a la tecnología, movilización de bienes, servicios y personas, toma un papel fundamental el concepto y los elementos que rodean una Marca País, o comúnmente conocida en ámbitos internacionales como Country Brand,[8] la cual es una oportunidad para crear lazos de nación, reconciliación y reinserción en el proceso de paz por el que atraviesa Colombia. Este es un ejercicio que múltiples Estados han utilizado para potenciar su imagen frente a extranjeros como una manera de atraer inversiones, intercambio cultural, económico, académico y demás hacia sus territorios. Esto tiene el potencial de cambiar la imagen de Colombia frente al mundo, alejado de lo que muchos ven, un país en guerra y como único producto las sustancias alucinógenas, especialmente el narcotráfico. Esta experiencia brindaría al país una oportunidad de desarrollo económico y social, y, hasta en algunos casos, de salvaguarda o rescata de la crisis del Estado.[9]

Ahora bien, es menester abordar algunas precisiones respecto al Country Brand. Es pertinente referirse, en primera medida, sobre lo que constituye el concepto de Marca País, siendo esta de manera amplia, la percepción de aquellas características y rasgos propios que permiten identificar a un país de manera casi instantánea y diferenciarlo de otros, sea por su cultura, economía, geografía, historia, población, etc.; estos aspectos son los que dan paso a la explotación económica de la imagen que proyecta determinado país. Tal como lo reconoce la agenda positiva normativa para la integración del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se nota que en la mayoría de los casos se usa la denominación Marca País como “sombrilla” para referirse a todo aquello que un país se encuentra en capacidad de ofrecer, además de haber una especial preocupación por armonizar jurídicamente los procesos que involucran a este concepto tan amplio y que tiene una injerencia internacional preponderante económicamente. Para concluir esta etapa de definición de concepto de Marca País, se puede decir, en función del mercado, “que es la concepción que tienen los consumidores directos e indirectos, reales y potenciales de los países.”[10] Es por ello que pretende evitarse confusión a los consumidores de una Marca País en concreto, siendo de principal preocupación que haya una eficacia particularizadora; así lo ha establecido el Tribual de Justicia de la CAN para marcas en general, y, por tratarse de la imagen de una nación hacia el mundo, este debe ser un compromiso aun mayor; por eso, la marca conduce a identificar el producto y su origen empresarial evitando, de este modo, que el consumidor pueda caer en error o en riesgo de confusión, y así el signo será suficientemente distintivo para ser registrable,[11] siendo esto un aspecto muy importante para la reconciliación en el país y a nivel internacional, cambiando desde dentro la imagen de Colombia.

La magnitud de las Marca País crece a diario. América Latina está a tono con lo logrado en el resto del mundo. Nuestra región es poseedora en toda su extensión de potencial humano, geográfico, productivo, etc., y se encuentra adelantando procesos para exhibirse en la vitrina internacional. Muestra de ello es el segundo foro internacional de Marca País, desarrollado en Chile en el año 2014, en el que se tuvo claro que la gestión de la Marca País es una disciplina reciente que crece en relevancia en la región, dada su injerencia en la identidad competitiva de una nación, y en la generación de acciones y políticas públicas asociadas a robustecer la reputación y desarrollo de un país.[12]

Hay un punto clave en América Latina que impulsa el inicio y crecimiento continuo de una Marca País determinada, el cual se desprende de las condiciones geográficas, climáticas, y culturales que poseen los países de la región que, a su vez, son llamativos a la inversión extranjera en torno a la promoción turística. Es tal la importancia del sector turismo que se adoptó una disposición de la CAN para la integración turística y fomento del desarrollo de esta área hacia los países miembros,[13] existiendo para Colombia un gran espectro de oportunidades para fortalecer la economía y así contribuir a la paz.

Por ejemplo, relacionado con el café, uno de los principales productos colombianos reconocidos en el exterior, en junio del 2013, se lanzó un comercial televisivo en Europa, África y América que promocionaba un país caracterizado por su diversidad cultural, geográfica y económica, y que le decía al mundo que “La respuesta es Colombia”, utilizando la Marca País como una herramienta de competitividad y mercadeo que permitía promover de manera integral, coordinada y colaborativa, la atracción de turistas, inversionistas y compradores extranjeros al país. En general, la Marca País se apoya en la “imagen país”, con la voluntad de construir o proteger la reputación internacional del país en cuestión y su imagen externa.

Nuestro país ya está inmerso en esta corriente, lo cual, como se mencionó, ha sido plasmado bajo el eslogan “La respuesta es Colombia”, que fue antecedida por “Colombia es pasión”, y que busca proyectar la imagen de marca mediante la riqueza cultural, natural, y, en general, la experiencia que puede brindársele al extranjero e inversionista, mediante signos distintivos de marca, imágenes y colores que relacionan a Colombia con sus productos, lo cual  está contemplado en la Resolución 5797 de 2013, del Ministerio de CIT,[14] que modifica la Resolución 0650 de 2008, la cual hace hincapié en el uso de la Marca de Certificación de Calidad Turística para la promoción de servicios y destinos turísticos que, en fin último, busca promover la calidad de los servicios turísticos prestados a los usuarios, lo cual redundará en el reconocimiento y fortalecimiento de la industria turística. El objetivo de los procesos de calidad en materia turística consiste en crear la cultura de la excelencia en la prestación de los servicios turísticos a los consumidores; todo lo anterior con un foco inicial de acción en el uso de la Marca País Colombia. Desde finales del año 2014, la Marca País Colombia hace parte de PROCOLOMBIA (antes PROEXPORT), siendo ésta una oportunidad para que las PYMES y demás empresas con un gran capital puedan agrupar a nuevos trabajadores emergentes de las montañas colombianas en el fin del conflicto.

Es claro que un proceso de paz como el que atraviesa el país, requiere un gran flujo de capital para sobrellevar las situaciones y demás vicisitudes que se presenten, por cuanto el espectro empresarial y económico son base para el desarrollo sostenible del país y para superar el conflicto que ha azotado cruelmente a la sociedad colombiana y sobre todo al sector rural débil de nuestro territorio y que ha ocasionado una ola de muerte, pobreza y estancamiento.

Por eso, constituir a Colombia como una marca que agrupe a diversas empresas, productos y servicios, resulta en un beneficio palpable en la generación de empleo, lo cual es esencial para la consecución de esa paz tan anhelada, y en la cual el sector privado también es pieza idónea y debe ser participe en la promoción y la asistencia a la pequeña empresa.

V. Intervención privada y estatal en la construcción de paz

La OIT ha precisado con gran certeza que, en los países afectados por conflictos, el sector privado suele ser débil, por lo cual, una opción posible es crear organizaciones de protección, como pueden ser asociaciones de empleadores o agrupaciones de negocios.  A manera ejemplificante, está el caso de Uganda, donde se han creado asociaciones de pequeñas empresas sobre la base de los sectores de actividad.[15]

En suma, la Marca País puede abarcar esa gran promoción del empleo que es quizá el principal factor de reinserción de cualquier grupo afectado en una situación de posguerra. En ese entendido, el empleo enmarcado en los preceptos constitucionales, especialmente un trabajo fundado en la dignidad humana, es garante del desarrollo social,[16] la rehabilitación posterior al conflicto y una vida comunitaria sana, así como de la estabilidad política y la seguridad nacional. Está claro que no será fácil lograr la estabilidad política y la seguridad si no se atribuye una alta prioridad a la promoción del empleo mediante proyectos de obras públicas de alta densidad de mano de obra, formación profesional y promoción de la pequeña empresa.[17]

La Alta Consejería para la Reintegración, creada como dependencia de la Presidencia de la República en 2006, y desde el 3 de noviembre de 2011 denominada como Agencia Colombiana para la Reintegración, estaba a cargo de treinta y un mil desmovilizados para quienes su proceso de reintegración se dificulta debido a: falta de un plan de vivienda, falta de empleo, inadecuada calidad y oferta de educación, inadecuada reubicación en el campo o la ciudad, entre muchos otros factores.[18] Si bien, esas eran las principales dificultades en 2006, hoy, a 2016, con el proceso de paz en curso y ad portas de que se reincorporen miles de personas de las filas de las FARC, será aún más complejo el proceso en cuanto al sector productivo.

La Corte Constitucional, en la sentencia C-577 de 2014, analizó que “la justicia transicional busca superar la idea del castigo o de la retribución del victimario como única vía para lograr la realización de justicia; por el contrario, en este escenario se busca destacar la importancia de la reconciliación entre la víctima y el victimario, con particular atención al daño causado a la víctima y a la sociedad, y en la que aquella, por lo mismo, tiene que intervenir dentro del proceso y el resultado restaurativo para asegurar la paz social; todo esto, sin dejar de lado la reincorporación del infractor a la comunidad a fin de restablecer los lazos sociales quebrantados por el delito, replanteando el concepto de castigo retributivo que no en todas las ocasiones resulta efectivo para el restablecimiento de la convivencia social pacífica.”[19]

De igual manera, para la Corte, en armonía con el artículo transitorio 66 de la Constitución, es indispensable que quienes aspiren a participar en política, hayan cumplido con todas las obligaciones consideradas axiales a la efectiva reincorporación de los miembros de grupos armados que hacían parte del conflicto, a saber: i) no tener condenas penales pendientes, ii) la dejación de las armas, iii) el reconocimiento de responsabilidad, iv) la contribución al esclarecimiento de la verdad y a la reparación de las víctimas, (v) la liberación de los secuestrados, y vi) la desvinculación de los menores de edad reclutados que se encontraran en poder del grupo armado que se desmoviliza.

El artículo transitorio 67 se enmarca en el Acto Legislativo 1 de 2012, cuerpo reformatorio de la Constitución por medio del cual se establecen instrumentos jurídicos de justicia transicional, los cuales serán excepcionales y tendrán como finalidad prevalente facilitar la terminación del conflicto armado interno y el logro de la paz estable y duradera.

En este orden de ideas, el trabajo y la reinserción a la vida civil son parte esencial dentro de los componentes de justicia trasnacional, esta última contemplada en rango constitucional, por lo que hay que tener claro que la vinculación laboral de los excombatientes tiene que enmarcarse dentro de los paramentos superiores, esencialmente en lo referente al derecho al trabajo.[20] Por eso, no es cualquier trabajo, sino que se trata de proporcionar trabajo digno, respeto por lo humano y en condiciones adecuadas para el ejercicio del oficio y el libre desarrollo de la personalidad, para, de este modo, construir un proyecto de vida que los reinserte a la vida civil dentro de los estándares normales de un colombiano promedio, con la posibilidad de constituir una familia y explorar todo tipo de situaciones que dignifiquen a la persona.

En ese sentido, la Corte Constitucional se ha pronunciado respecto a la tarea fundamental del Estado en general, y del Legislador en particular, la cual radica en promover las condiciones jurídicas y fácticas necesarias para la reivindicación del trabajo, en el entendido de que la libertad de empresa con criterio rentable implica, a su vez, una función social en cabeza de los empleadores, función ésta que, en términos constitucionales, tiene como primeros destinatarios a los trabajadores de la empresa y, subsiguientemente, a los clientes de sus bienes y servicios, y a través de la cual, el trabajador, quien de suyo le aporta día a día sustanciales fuerzas al empleador para la generación de utilidades y crecimiento patrimonial, bien merece el reconocimiento y pago de un salario justo, el derecho al descanso diario y de fin de semana, y por supuesto, el derecho a vacaciones remuneradas o a su compensación en dinero por año laborado y, proporcionalmente, por fracción de año.[21]

Desde antes del proceso de paz actual, se produjo la desmovilización de las AUC en el gobierno de Uribe Vélez para lo cual la comunidad internacional, principalmente el Congreso de los EE.UU., con incentivo demócrata, se dio la financiación del Plan Colombia en 2009 y que se materializaría en 545 millones de dólares, aunque después cambiaría su distribución interna, dando mayor prioridad a la ayuda para programas sociales y de apoyo a la reinserción de ex combatientes. Además, el nuevo texto del Plan Colombia aumentó la condicionalidad de la ayuda y pedía al Departamento de Estado que informara regularmente al Congreso sobre la situación de derechos humanos en Colombia y realizara el seguimiento de la desmovilización de las redes paramilitares. Ahora bien, actualmente para esta nueva etapa en la consecución por la paz y la terminación del conflicto, se cambiará la denominación de esta ayuda estadounidense a “Plan Paz Colombia”, de tal manera que el presidente Obama detalló que la ayuda será de más de $ 450 millones de dólares para el año 2017 y que este dinero será invertido en ampliar oportunidades; en sus palabras: “vamos a continuar respaldando los derechos humanos y los derechos de las víctimas.”[22]

VI. Herramientas para la vida productiva de niños excombatientes: realidades y retos

Un tópico importante respecto a la incorporación a la vida productiva y social es el de los niños excombatientes y los inconvenientes burocráticos, siendo algo muy visible y marcado el hecho de que al cumplir los 18, los jóvenes dejan de ser atendidos por el ICBF y pasan, en teoría, al cuidado del programa de reinsertados para su ubicación laboral y de capacitación. Sin embargo, lo que comúnmente ocurre es que no existe un mecanismo que integre la transición de un programa a otro y no hay seguimiento sistemático de la situación de los jóvenes que han egresado de los programas del ICBF, a lo cual se le suma el hecho que los jóvenes no se están educando en los programas del ICBF y, como resultado, no están sacando a jóvenes con un adecuado “alfabetismo ciudadano”, sin tener en cuenta que son niños de la guerra que vienen de grupo ilegales militares donde hay que hacer y no pensar, y que cuando llegan a las instituciones y hogares del ICBF se les presta beneficios, pero no herramientas para la autosuficiencia y construir una vida en el marco de la paz.[23]

Por ejemplo, lo que ocurría frecuentemente en la experiencia de desmovilización de las AUC, era que estos jóvenes salían con falta de claridad sobre cómo podrían sobrevivir al salir del programa de atención del ICBF, lo cual hacía que muchos jóvenes pensaran en re-vincularse al conflicto armado, lo cual podría haber incidido en los índices de violencia urbana y rural por delincuencia organizada. Sobre esta falta de herramientas integrales para la vida en reinserción, es pertinente citar lo que un niño desvinculado relató sobre el ofrecimiento que el ejército le había hecho al salir del programa del ICBF: “a mí me prometieron que si trabajaba con ellos me pagaban un millón de pesos por cabeza de guerrillero que matara. Yo soy explosivista, entonces puedo trabajar poniendo minas y otros explosivos.”[24]

El impacto y las consecuencias del conflicto colombiano se hacen sentir cada vez más en las zonas de fronteras y regiones cercanas a las mismas, con el desplazamiento y refugio masivos de miles de personas que buscan escapar de los enfrentamientos bélicos, las amenazas, y la vinculación de niños, niñas y jóvenes por parte de los grupos armados que toman parte en las hostilidades. Las agencias y organizaciones de la sociedad civil que trabajan por la defensa de los derechos de la población desplazada y refugiada vienen dando voz de alarma desde hace varios años sobre los efectos devastadores de los enfrentamientos armados y las políticas estatales, como las fumigaciones de cultivos destinados para usos ilícitos, las cuales acarrean desplazamientos masivos. Este impacto se comenzó a sentir también en zonas alejadas de las fronteras en el interior de Ecuador y Venezuela, como un efecto dominó difícil de frenar. No hay duda de que el conflicto armado es el principal factor generador del desplazamiento interno en Colombia y trans-fronterizo a Ecuador y Venezuela.[25]

Tras el proceso de desmovilización paramilitar y la legislación para su consolidación (Ley de Justicia y Paz), se ha abierto la puerta al reciclaje de los miembros de grupos paramilitares y se ha fallado en la desarticulación total de estos grupos. Esta es una posibilidad frente a lo que podría suceder con la gran cantidad de miembros de las FARC con el proceso de paz. Así que el gobierno tiene el desafío de llevar a cabo políticas de desmovilización en medio de una guerra no concluida, algo que no ha ocurrido a esta escala en otros conflictos armados internacionales. Por otra parte, la forma como el gobierno colombiano ha respondido al problema de los desmovilizados menores de 18 años ha tenido un carácter mayormente asistencialista y burocrático; no se ha enfocado en la promoción de nuevas oportunidades y proyectos de vida, integrando políticas coherentes de atención, protección y monitoreo que den verdadero impulso al cambio en los jóvenes afectados directamente por el conflicto, a pesar de los grandes fondos disponibles a través de la cooperación internacional para ello. El reciclaje de combatientes menores de 18 años también se ha convertido en una realidad. Los gobiernos de Ecuador y Venezuela, a su vez, aún no han reconocido públicamente el alcance real del impacto del conflicto armado en su territorio y en sus habitantes.[26]

VII. Reconciliarse para crear lazos de unión, contribución desde el Country Brand

El crecimiento de la economía es fundamental en el proceso de paz y el posconflicto para que el mercado pueda absorber los grandes aglomerados de fuerza de trabajo que se sumara a los ya existentes en el país. Con el propósito de la transición, la Marca País es una estrategia que puede utilizarse en este contexto; este tipo de Country Brand ha sido utilizada por la mayoría de los países del globo y en Europa y algunos países de Asia ha sido el potenciador para sacar sus economías a flote, como lo fue en el caso español hace algunos años a manera de enfrentar la crisis, con el eslogan: “Smile! You are in Spain;[27] también está Suiza, ligado a su producción relojera, Italia, con su gastronomía y riqueza cultural, Francia, que desde la Revolución Francesa en 1789 se intentó consolidar como una Nación a identificar tan solo con nombrarse sin la intención se crear un tipo de Country Brand, Estados Unidos, con su marca USA y el eslogan “Discover America”, todo lo cual tiene como principal objetivo animar e inspirar a explorar el país sin caer en patriotismos, al contener una misión netamente turística que en ella encierra múltiples relaciones comerciales.[28] Estos son algunos ejemplos a seguir y así construir desarrollo en Colombia, lo cual se verá reflejado en las oportunidades para la paz.

Ahora bien, el concepto de resocialización abarca la creación de lazos de unión que permita a la comunidad cerrar los ciclos de guerra y fortalecer una sola Colombia, lo cual es similar en la evaluación que reciben los países que desarrollan una Marca País. Así, es menester recurrir al estudio de la firma Future Brand que se realiza de manera periódica y evalúa las variables de: i) exportaciones, donde se evalúa la imagen de los consumidores sobre los productos y servicios del país; ii) gobernabilidad, es decir, los gobiernos de los países se miden por la opinión del público acerca de su competencia, imparcialidad y compromiso con la democracia global, la justicia, la pobreza y el medio ambiente; iii) cultura y patrimonio, la cual describe lo que el público piensa acerca del patrimonio de cada nación; iv) personas, donde se mide la reputación de los ciudadanos de los países en aspectos tales como la competencia, la apertura y la discriminación; v) turismo, variable relacionada con la belleza natural, atractivo histórico, los edificios y monumentos, la vida nocturna y lugares de interés urbano; vi) la inversión y la inmigración, es decir, la percepción de la riqueza económica de los países, la igualdad de oportunidades y la calidad de vida que ofrece, así como el clima empresarial que se está viviendo ahí. En ese entendido para el ciclo 2014-2015 en el ranking general se encuentra a países como Japón, Suiza, Alemania, Canadá, Noruega, Estados Unidos, Dinamarca, Austria, Reino Unido, entre los primeros lugares, y a partir del lugar número 33, con Puerto Rico se abre la puerta a países Latinoamericanos, Perú en el lugar 49 y Colombia en el 63.[29]

Estos aspectos son esenciales porque en torno a ellos se puede construir nación, entendida esta como un conjunto de personas unidas por lazos tales como una historia común, tradiciones, costumbres, legua, religión, etc.; algo que tanto necesita este país, para una mayor unión social y desarrollo económico.

Así pues, la Marca País Colombia lo que busca es crear un sello y respaldar los productos, bienes y servicios que han de ser emanados por PYMES y demás organizaciones productivas para que se potencialice la exportación que, en consecuencia, se verá reflejado en la vinculación laboral y productiva de muchos de los excombatientes. En este entendido, la Redprodepaz propende en la realización de programas regionales, con pobladores de diversas regiones para la consecución de un proyecto de nación construido desde el fondo del conflicto que hace décadas desangra la sociedad colombiana, empeñándose en el desarrollo económico y productivo enmarcado en dignidad y armonía con la naturaleza,[30] siendo, Redprodepaz, una base para la producción que absorberá la Marca país para la exportación y atracción de capitales extranjeros de inversión.

VIII. Conclusiones

  • Los procesos de desmovilización de grupos paramilitares bajo la Ley de Justicia y Paz, no trajeron los resultados esperados, de tal manera de que muchos de sus exintegrantes pasaron a formar parte de otras filas de grupos insurgentes y a dedicarse a actividades criminales tales como las bandas criminales, siendo ésta una experiencia contraria a lo deseado en el actual proceso de paz que se adelanta en la Habana, Cuba.
  • Constitucionalmente, se establece que el Estado se funda en principios como la dignidad, el trabajo, y demás, por lo cual el Estado es el encargado de cumplir con los artículos 1, 2, 25, 26 y 27. Además, el derecho a la paz y el libre desarrollo de la personalidad, apoyado en el artículo 66 transitorio que consagra lo referente a justicia transicional y siempre en consonancia con lo expuesto por la Corte Constitucional respecto al trabajo digno.
  • En ese orden de ideas, se ve en la Marca País una oportunidad para el desarrollo económico y la vinculación laboral de los excombatientes y demás actores del conflicto, por medio de PYMES para la exportación de productos, bienes y servicios y atracción de capitales extranjeros y de cooperación internacional, ya que esta estrategia de competitividad del Country Brand ha dado resultados satisfactorios a nivel global en tiempos de crisis, fortaleciendo las economías y ampliando el mercado. Colombia debe aprovechar su riqueza cultural, paisajística y natural, y la disposición de su población a la reconciliación y la preservación de su memoria histórica, para así crear una paz estable y duradera.
  • Por último, la implementación de la Marca País Colombia puede satisfacer y crear lazos de nación para la reconciliación y construcción de paz en entornos sociales mediante la satisfacción de necesidades básicas por medio de trabajo dignificante, teniendo en cuenta aspectos como identidad cultural, histórica, territorio, idioma, sentimiento de patria, entre otros aspectos.

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[1] Estudiante de quinto año vespertino. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Nariño. Este artículo fue presentado a manera de ponencia en VIII CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHO CONSTITUCIONAL: PRIMER CONCURSO INTERNACIONAL DE ESTUDIANTES. Participó en las rondas orales. Correo electrónico: dcarolinasg@udenar.edu.co

[2] J. E. Ugarriza, Claves para la reinserción de excomabatiente, Universidad Externado de Colombia, (2008), http://portal.uexternado.edu.co/pdf/5_revistaZero/ZERO%2023/JuanEstebanUgarriza.pdf

[3] V. Fisas, El proceso con las FARC, a la luz de otras experiencias de negociación, Arcoiris, (2 de marzo de 2015), https://www.arcoiris.com.co/2015/03/el-proceso-con-las-farc-a-la-luz-de-otras-experiencias-de-negociacion/

[4] Sent. C-019 de 2004, C. Const.

[5] Organización Internacional del Trabajo, Manual sobre oportunidades de formación y empleo para excombatientes, (2002), http://www.hiproweb.org/fileadmin/cdroms/biblio-reference-0912/documents/RRD-56-Manual%20excombatientes%20-esp.pdf (visitado por última vez el 16 de octubre de 2016).

[6] Id.

[7] Id.

[8] F. Valls, La imagen de marca de los países 122 (New York: McGraw-Hill, 1992).

[9] F. Gomez, Bases para una estrategia Marca País y lineas de trabajo para su acción exterior, Foro Económico de Galicia, 2014, http://www.foroeconomicodegalicia.es/informes/galicia-bases-para-una-estrategia-marca-pais-y-lineas-de-trabajo-para-su-accion-exterior-2/.

[10] Supra nota 200.

[11] Proceso 004-IP-2010 del 4 de Marzo de 2010, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

[12] Fundación Imagen de Chile, II Foro Internacional de Marca País – Santiago, (2014), http://www.imagendechile.cl/ii-foro-internacional-de-marca-pais-santiago-chile-2014/

[13] Decisión 463 del 25 de mayo de 1999, Comunidad Andina de Naciones.

[14] Resolución 5797 de 2013, [Ministerio de Comercio, Industria y Turismo].

[15] Supra nota 197.

[16] Const.Pol.Col., arts. 1, 2, 25, 25, 53, (reformada en 2015).

[17] Supra nota 197.

[18] Agencia Colombiana para la Reintegración, http://www.reintegracion.gov.co (visitada por última vez el 16 de octubre de 2016).

[19] Sent. C-577 de 2014, C.Const.

[20] Const.Pol.Col., arts. 1, 2, 25, 25, 53, (reformada en 2015).

[21] Sent. C-019 de 2004, C. Const.

[22] El Espectador, “El nuevo capítulo del Plan Colombia se llamará Paz Colombia”: Obama, (4 de febrero de 2016), http://www.elespectador.com/noticias/politica/el-nuevo-capitulo-del-plan-colombia-se-llamara-paz-colo-articulo-614763

[23] COALICO, Informe Conflicto Armado en Colombia. Fronteras: la infancia al limite, (2007), http://www.acnur.org/t3/uploads/pics/2206.pdf

[24] COALICO, Informe Alterno Comité de los Derechos del Niño, (septiembre de 2005), http://coalico.org/archivo/InformeAlterno.pdf

[25]Id.

[26] Supra nota 215.  

[27] Supra nota 201.

[28] M. García, Se crea la marca USA para fomentar el turismo en los Estados Unidos, Brandemia, (2011), http://www.brandemia.org/se-crea-la-marca-usa-para-fomentar-el-turismo-en-los-estados-unidos.

[29] FutureBrand, Country Brand Index 2014-15, http://www.futurebrand.com/uploads/CBI-14_15-LR.pdf (visitada por última vez el 17 de octubre de 2016).

[30] Red Nacional de Programas Regionales de Desarrollo y Paz, Declaración de los Programas Regionales de Desarrollo y Paz: “Por una Colombia en Paz, construida desde las Comunidades Locales y desde las Regiones”, (11 de Marzo de 2002), http://redprodepaz.org.co/manifiesto-de-la-redprodepaz/

 

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