Uber: ¿un negocio innovador desregularizado o vulnerador de la libre competencia?

Linda Sofía Sánchez Salazar, Universidad Nacional de Colombia
lssanchezs@unal.edu.co
Sebastián Avendaño Jiménez, Unversidad Nacional de Colombia
savendanoj@unal.edu.co
Yeisson Coronel Ávila, Universidad Nacional de Colombia
ycoronela@unal.edu.co
Luis Alberto Castellanos Castillo, Universidad Nacional de Colombia
luacastellanosca@unal.edu.co
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Abstract: Uber, an application developed in the U.S., is presented as a new and practical platform that makes easier to get safe and punctual transportation; however, this application has been involved in various conflicts in different countries around the world. This article aims to see how it was implemented in Colombia and whether the use of this application constitutes unfair competition according to the provisions of Law 256 of 1996.
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Keywords: Uber, unfair competition, Law 256 of 1996, Colombia

Resumen: Uber, una aplicación desarrollada en los EE.UU., se presenta como una plataforma novedosa y práctica que facilita conseguir un medio de transporte seguro y puntual; sin embargo, esta aplicación ha tenido diversos conflictos de aceptación en los diferentes países del mundo. Este artículo pretende ver cómo ha sido su implementación en Colombia y si la utilización de dicha aplicación constituye competencia desleal conforme a lo establecido en la ley 256 de 1996.
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Palabras clave: Uber, competencia desleal, ley 256 de 1996, Colombia

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Citar en APA:

Sánchez, L., Avendaño, S., Coronel, Y., & Castellanos, L., (2014). Uber: ¿un negocio innovador desregularizado o vulnerador de la libre competencia. Revista Justicia y Derecho2, 7-39.

Citado en: 1.

Bogotá D.C., 16 de marzo de 2016

Uber: ¿un negocio innovador desregularizado o vulnerador de la libre competencia?

Uber:  an innovative deregulated business or an infringer of the free competition? 

Linda Sofía Sánchez Salazar[1]

Sebastián Avendaño Jiménez[2]

Yeisson Coronel Ávila[3]

Luis Alberto Castellanos Castillo[4]

I. Introducción

Las nuevas tecnologías, como herramientas, son importantes para el ser humano en la medida en la que facilitan su vida y ayudan a un mayor desarrollo científico en distintos campos; sin embargo, las nuevas tecnologías suelen traer consigo conflictos sociales ya que su aceptación requiere un cambio social.

Uber se presenta como una plataforma novedosa y práctica que facilita conseguir un medio de transporte seguro y puntual, además de abrir la posibilidad de empleo a muchas personas de una forma eficiente y rápida,[5] sin embargo, esta aplicación estadounidense ha tenido diversos conflictos con la legislación en los diferentes países del mundo.[6]

Desde que Uber llegó a Colombia en el año 2013 ha tenido conflictos con diferentes sectores del país, principalmente con el gremio de taxistas; se les ha tachado de ilegales y de incurrir en competencia desleal, pero ¿realmente Uber es un negocio innovador sin regulación en Colombia o un quebranto a la libre competencia?

Para resolver a esta inquietud, el presente artículo se dividirá en cinco partes. La primera se concentrará en definir y desarrollar el concepto de competencia desleal teniendo como referencia lo establecido en la Constitución Política de 1991, las decisiones de diversos organismos internacionales como la Comunidad Andina de Naciones y la normativa interna respecto al asunto. En la segunda parte se discutirá el funcionamiento e incursión en Colombia de Uber. Posteriormente se establecerá si el funcionamiento de dicha empresa constituye competencia desleal teniendo como referencia la ley 256 de 1996. En la cuarta parte se estudiará el decreto 1079 de 2015, que es la manifestación de los esfuerzos del gobierno nacional por regular la situación del uso de plataformas tecnológicas en el transporte. Finalmente se presentaré una breve conclusión del artículo.

II. Concepto de los actos de competencia desleal

La libertad de competencia económica encuentra bases sólidas en la Constitución Política de 1991, específicamente en el artículo 333, según el cual: “(l)a libre competencia económica es un derecho de todos que supone responsabilidades”. En este lineamiento el constituyente también ha consagrado una protección a la misma, pues establece que “(e)l Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad económica y evitará o controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional.”

Bajo el entendido del inciso tercero del artículo 333 de la Carta Política y los tratados internacionales, el fundamento normativo de la concepción de competencia desleal en el ordenamiento jurídico nacional encuentra sustento en la ley 256 de 1996, inciso 2 del artículo 7°, el cual establece: “(…) se considera que constituye competencia desleal, todo acto o hecho que se realice en el mercado con fines concurrenciales, cuando resulte contrario a las sanas costumbres mercantiles, al principio de la buena fe comercial, a los usos honestos en materia industrial o comercial, o bien cuando esté encaminado a afectar o afecte la libertad de decisión del comprador o consumidor, o el funcionamiento concurrencial del mercado.”

El contenido del artículo 7° ibídem consagra una prohibición teniendo como fin la protección de las costumbres mercantiles, la buena fe comercial, el normal y honrado desenvolvimiento de los negocios y el funcionamiento de concurrencias del mercado, atendiendo de esta forma a una protección eficaz. Por consiguiente, el concepto de competencia desleal adoptado por el ordenamiento jurídico colombiano encuentra base y armoniza con el numeral 2o. del artículo 10 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, aprobado mediante ley 178 de 1994, al tiempo que la Corte Constitucional en sentencia C-535 de 1997 reconociera estos parámetros como válidos y acordes a la Constitución Política.

Por otra parte, el aspecto histórico ha sido delineado por la doctrina en tres etapas del desarrollo de la competencia desleal, a saber Felipe Márquez Robledo enuncia que a) la existencia de un modelo paleo-liberal, que se refiere a aquella época anterior al siglo XX y que busca garantizar los derechos surgidos de la propiedad intelectual; b) luego surgió un modelo profesional, que busca describir el momento en que se consolida la posición del empresario adquirida en el mercado; y c) un modelo social, que permitió que esta rama se dejara de considerar como una categoría privada y se pretenda la protección de los consumidores y la sana competencia dentro de los parámetros leales.[7]

La caracterización anterior no pretende ser exhaustiva y no es objeto de este trabajo de investigación ahondar en el tema, sin embargo, es imperante señalar estos modelos históricos y destacar brevemente el contexto y comprensión del mercado para de esta forma resaltar los elementos que fundamentan el sistema constitucional y el desarrollo normativo frente al tema de competencia desleal.

Igualmente, la doctrina ha esbozado el concepto de acto de competencia desleal como “[…] aquella que, aunque esté permitida, se realiza infringiendo un mínimo deber de corrección frente a los competidores. El competidor desleal infringe el deber de lealtad, de juego limpio, con los demás competidores.”[8] De igual manera, José María Berdugo define el derecho de la competencia desleal como el “(r)egulador de la competencia ilícita, que antepone la lealtad como un valor cultural de los empresarios; que protege sus intereses privados frente a los daños injustificados que pudiera ocasionarles la conducta excesivamente agresiva de un competidor en la lucha por el cliente.”[9] Según Mauricio Velandia, para que exista competencia desleal no es necesario que exista daño a la propiedad privada; otros factores que señala la existencia de competencia desleal pueden ser el enriquecimiento sin causa o el daño a la competitividad.[10]

La existencia de la competencia desleal es un hecho, y en este caso el Estado desempeña un papel importante al brindar seguridad al mercado tutelando el derecho a la competitividad, creando supuestos fácticos que configuran dentro de lo que se puede entender como competencia desleal en el comercio.[11]

Mauricio Velandia describe la competencia desleal como un acto malintencionado por parte de personas comerciantes o partícipes en el mercado, en el que se debilita una empresa o fortalece otra. Se puede presentar competencia desleal cuando “[…] un comerciante utiliza el derecho de otro para adquirir mayor competitividad sin causarle daño al usurpado”,[12] lo que genera un enriquecimiento sin causa ya que hay un aprovechamiento indebido de la competencia en el mercado, o cuando el hecho “[…] afecta la competitividad de una persona que participa en el mercado causando daño.”[13]

III. Actos de competencia desleal

El legislador al abordar la tipificación de los actos de competencia desleal ha realizado una lista enunciativa que prohíbe lo siguiente: actos de desviación de la clientela, actos de desorganización, actos de confusión, actos de engaño, actos de descrédito, actos de comparación, actos de imitación, explotación de la reputación ajena, violación de secretos, inducción a la ruptura contractual, violación de normas y pactos desleales de exclusividad.[14]

La utilidad de prohibir los actos anteriormente listados se justifica en la protección al mercado competitivo dentro de la economía nacional e internacional, forjando un ambiente propicio para que los agentes del mercado compitan de forma sana, efectiva y segura; análogamente resulta indispensable la prohibición de tales conductas para el beneficio de los consumidores, todo esto siguiendo los artículos 38 (libre asociación), 58 (la garantía de la propiedad privada y formas asociativas), 78 (regulación de calidad de bienes y servicios por parte del Estado), 333 (libre competencia económica) y 336 (monopolios solo por interés público o social, arbitrio rentístico y en virtud de la ley).

Con el fin de precisar lo anterior, es necesario asumir el carácter particular de cada uno los actos prohibidos en la lista en mención, de esta forma y en el orden establecido en la ley 256 de 1996, el primer acto que se constituye como desleal es la desviación de la clientela, que según el artículo 8° de la ley ibídem “(s)e considera desleal toda conducta que tenga como objeto o como efecto desviar la clientela de la actividad, prestaciones mercantiles o establecimientos ajenos, siempre que sea contraria a las sanas costumbres mercantiles o a los usos honestos en materia industrial o comercial.”

Esta definición particular es respaldada por la decisión 486, el Régimen Común sobre Propiedad Industrial de la Comisión de la Comunidad Andina, que en su artículo 155 declara:

“El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:

a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;

b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;

c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales;

d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión.

e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular;

f) Usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.”

De forma más precisa la Superintendencia de Industria y Comercio en Sentencia n.° 840 del 29 de febrero de 2012, expediente: 04109688, señaló: “(e)n relación con lo establecido en el artículo 8° de la ley 256 de 1996, es preciso señalar que resulta necesario para su configuración, aparte de probar que el acto es potencialmente apto para desviar la clientela o que, verificado el hecho, se compruebe que hubo reorientación del consumidor hacia tal o cual actividad, prestación mercantil o establecimiento ajeno, debe acreditarse que la referida desviación -actual o potencial- no sea legítima, esto es, que resulte contraria a los usos honestos y a las sanas costumbres comerciales.”

De esta forma los actos de desviación de la clientela adquieren un carácter esencialmente objetivo, que en casos como el del expediente 04109688, se configura de tal forma.

Seguidamente la norma establece los actos de desorganización, y menciona como tales “[…] toda conducta que tenga por objeto o como efecto desorganizar internamente la empresa, las prestaciones mercantiles o el establecimiento ajeno.”

Sobre el particular, la Superintendencia de Industria y Comercio en sentencia n.° 3289 del 29 de junio de 2012, expediente 10-134822, anota que el tipo desleal de desorganización, debe entenderse, en armonía con la jurisprudencia, acudiendo a una mirada sistémica del ordenamiento y de la norma particular (ley 256 de 1996, art. 7°), de tal forma que se configura ante la existencia de secuelas de actos que alteran de forma determinante la organización de la empresa en amplio sentido.

En la enumeración seguida por la norma, se establece de igual forma los actos de confusión, de los cuales se predica que “[…] se considera desleal toda conducta que tenga por objeto o como efecto crear confusión con la actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento ajenos;” en concordancia con lo establecido por el punto 1 del numeral 3 del artículo 10 bis del Convenio de París, de igual forma armoniza con el ya referenciado artículo 155 de la decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

La Superintendencia de Industria y Comercio en sentencia n.° 0001 del 12 de enero de 2011, expediente 04060765, sobre la controversia suscitada por Nestlé de Colombia S.A. contra Quala S.A., dijo:“(d)e conformidad con el artículo 10 de la ley 256 de 1996, el acto desleal de confusión, que tutela especialmente el interés del consumidor consistente en “garantizar su capacidad volitiva y decisoria a la hora de intervenir en el mercado, se configura en los eventos en que se ejecuta en dicho escenario y con fines concurrenciales cualquier conducta que resulte idónea para provocar en los consumidores un error “sobre la identidad de la empresa de la que proceden los productos o servicios” que se le ofrecen, sin que para su configuración sea indispensable la efectiva materialización de tal efecto perjudicial en el mercado, pues -como lo ha dejado establecido este Despacho- para ello basta con la existencia de un riesgo de confusión, esto es, de la potencialidad real de la conducta en cuestión para confundir.”

De tal forma que el carácter de este acto cobra trascendencia frente al consumidor y es en este escenario que se constituye el acto desleal.

El artículo 11, refiriéndose a los actos de engaño, establece como desleal: “[…] toda conducta que tenga por objeto o como efecto inducir al público a error sobre la actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento ajenos. Se presume desleal la utilización o difusión de indicaciones o aseveraciones incorrectas o falsas, la omisión de las verdaderas y cualquier otro tipo de práctica que, por las circunstancias en que tenga lugar, sea susceptible de inducir a error a las personas a las que se dirige o alcanza sobre la actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento ajenos, así como sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.”

Igualmente ha señalado la Superintendencia de Industria y Comercio en la resolución n.° 17710 de julio 27 de 2005, que “[…] el engaño se refiere a la imagen errada que se muestra al consumidor de un producto, induciendo en error sobre las características, propiedades u origen del bien”.

Al tratar los actos de descrédito, el artículo 12 los define como: “[…] la utilización o difusión de indicaciones o aseveraciones incorrectas o falsas, la omisión de las verdaderas y cualquier otro tipo de práctica que tenga por objeto o como efecto desacreditar la actividad, las prestaciones, el establecimiento o las relaciones mercantiles de un tercero, a no ser que sean exactas, verdaderas y pertinentes.”

El artículo 13, sobre actos de comparación, considera: “(…) desleal la comparación pública de la actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento propios o ajenos con los de un tercero, cuando dicha comparación utilice indicaciones o aseveraciones incorrectas o falsas, u omita las verdaderas. Así mismo, se considera desleal toda comparación que se refiera a extremos que no se análogos, ni comprobables.”

El artículo 14, al referirse a los actos de imitación, señala: “(l)a imitación de prestaciones mercantiles e iniciativas empresariales ajenas es libre, salvo que estén amparadas por la ley. No obstante, la imitación exacta y minuciosa de las prestaciones de un tercero se considerará desleal cuando genere confusión acerca de la procedencia empresarial de la prestación o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación ajena. La inevitable existencia de los indicados riesgos de confusión o de aprovechamiento de la reputación ajen excluye la deslealtad de la práctica. También se considerará desleal la imitación sistemática de las prestaciones e iniciativas empresariales de un competidor cuando dicha estrategia se halle encaminada a impedir u obstaculice su afirmación en el mercado y exceda de lo que, según las circunstancias, pueda reputarse como una respuesta natural del mercado.”

El artículo 15 sobre explotación de la reputación ajena considera como conducta desleal el aprovechamiento en beneficio propio o ajeno de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado. Igualmente hace énfasis en la gravedad de la conducta al anotar que: “(s)in perjuicio de lo dispuesto en el Código Penal y en los tratados internacionales, se considerará desleal el empleo no autorizado de signos distintivos ajenos o de denominaciones de origen falsas o engañosas, aunque estén acompañadas de la indicación acerca de la verdadera procedencia del producto o de expresiones tales como “modelo”, “sistema” (…).”

El artículo 16 al tratar la violación de secretos considera como acto desleal “la divulgación o explotación, sin autorización de su titular, de secretos industriales o de cualquiera otra clase de secretos empresariales a los que se haya tenido acceso legítimamente, pero con deber de reserva, o ilegítimamente.” El artículo también enfatiza como desleal la adquisición de secretos por medio de espionaje o procedimientos análogos.

El artículo 17 de la ley en asunto se refiere a la ruptura contractual, y considera desleal la inducción a trabajadores, proveedores, clientes y demás obligados, a infringir los deberes contractuales básicos que han contraído con los competidores.

Igualmente precisa la Superintendencia de Industria y Comercio en sentencia n.° 005 del 30 de noviembre de 2005, que el artículo en cita plantea tres hipótesis: “(l)a primera consistente en que un agente induce, entre otros, a trabajadores, proveedores o clientes de un competidor para que violen cláusulas del contrato que han firmado (con el competidor); la segunda hipótesis se presenta cuando el agente induce a la terminación regular de un contrato celebrado y la tercera hipótesis se presenta cuando el agente en su propio beneficio o en beneficio de un tercero se aprovecha de una infracción contractual ajena.”

A la luz de lo anterior, cuando se presentan la segunda o la tercera hipótesis, esto es, las relativas a la inducción a la terminación regular de un contrato celebrado o el aprovechamiento de una infracción contractual ajena, la Superintendencia dice: “(…) la norma se hace más contundente y exige para su verificación que adicionalmente, estas dos actuaciones tengan como fin la expansión de un sector industrial o empresarial, lo cual podría asimilarse a la expectativa de generar razonadamente una ventaja económica en un sector específico, o vayan acompañadas, entre otras, de circunstancias tales como el engaño o la intención de eliminar a un competidor del mercado. En este orden de ideas, se tiene que el control de deslealtad valora exclusivamente la acción desplegada por quien induce con un propósito definido o la acción desplegada por quien se aprovecha en beneficio propio o ajeno de una infracción contractual ajena y el modo como la acción se despliega […].”

El artículo 18 sobre violación de normas detalla: “(s)e considera desleal la efectiva realización en el mercado de una ventaja competitiva adquirida frente a los competidores mediante la infracción de una norma jurídica,” con el agregado condicional de que la ventaja ha de ser significativa.

La Superintendencia de Industria y Comercio en Resolución n.°. 5321 de marzo 23 de 2004, sobre el artículo 18 de la ley 256 de 1996, manifiesta que la competencia desleal no sanciona el hecho violatorio de la ley, sino la adquisición de una ventaja competitiva significativa dentro del mercado, como consecuencia de la violación de esta. Igualmente desprende que, para que una conducta sea considerada como desleal, en virtud de lo dispuesto por la norma, debe estar comprobado en el expediente lo siguiente:

“- Que existe una violación a una norma jurídica diferente a la ley 256 de 1996;

– Que, como consecuencia directa de la violación a la norma jurídica invocada como infringida, el demandado ha adquirido una ventaja competitiva significativa frente a sus competidores; y

– Que el demandado ha hecho efectiva en el mercado la realización de la ventaja competitiva significativa que ha adquirido como consecuencia directa de la infracción a la norma jurídica que se ha invocado como infringida.”

Finalmente, el artículo 19 de la ley 256 de 1996, sobre Pactos desleales de exclusividad, estipula como desleal: “(p)actar en los contratos de suministro cláusulas de exclusividad, cuando dichas cláusulas tengan por objeto o como efecto, restringir el acceso de los competidores al mercado, o monopolizar la distribución de productos o servicios, excepto las industrias licoreras mientras éstas sean de propiedad de los entes territoriales.”

Sobre este particular, la Corte Constitucional en la sentencia C-535 de 1997, bajo los principios de la libre competencia en el mercado de bienes, la economía de mercado como elemento constitutivo de la Constitución económica, la competitividad y la soberanía de los consumidores, y la importancia de mercados libres, competitivos y transparentes, señaló:

 “El veto legal a los pactos de exclusividad, si ellos tienen por objeto o generan una pérdida parcial o total de competitividad en el mercado, sin duda alguna contribuye a promover la libre competencia. En realidad, el legislador ha querido reservar la licitud de este tipo de pactos a los eventos en que no produzcan detrimento alguno a la competencia libre en los mercados. Por ello si bien la prohibición no es absoluta, de todas formas, si lo es cuando se proyecta en una disminución así sea mínima de la competencia. Desde un ángulo teórico, la medida sirve al propósito pretendido por la ley.”

De esta forma la Corte ha precisado que “(l)a inclusión de una cláusula de exclusividad en un contrato de suministro, en principio no es ajena a la libertad de contratación que, aunque puede ser objeto de variadas restricciones legales, se integra en el objeto propio del derecho a la libertad de empresa.”  Por el argumento brevemente esgrimido, la Corte encuentra el artículo antedicho conforme a la Constitución.

Complementando la explicación individual de los actos de competencia desleal de la ley 256 de 1996 y al tenor de la cláusula general del artículo 7° de la ley en cuestión, es pertinente anotar que los actos de competencia desleal no están enunciados de forma absoluta en la ley 256 de 1996. Por el contrario, la ley se limita a fijar una cláusula general y otras especiales que tipifican unas de las conductas de competencia desleal previstas por el legislador, lo anterior en consideración a que es propio del mercado y de sus agentes ir evolucionando para favorecerse de la clientela de maneras diversas, que muchas veces escapan a la imaginación del legislador al momento de redactar la norma.

De ahí que una cláusula general que delimite el actuar de los agentes sobre parámetros fundados en principios generales resulta más eficaz que aquellas normas descritas para casos particulares. Al respecto la doctrina ha señalado: “[…] (e)s así como, de conformidad con la prohibición general, todo acto de los participantes en el mercado en el cual se realicen los supuestos citados constituirá competencia desleal, sin que sea necesario que esté específicamente tipificado en el ordenamiento jurídico, es decir, que la enumeración de las conductas calificadas por la citada ley 256 de 1996 como desleales entre los artículos 8 y 19, es meramente enunciativa.”[15]

La cláusula general de la competencia desleal (art. 7.°, ley 256 de 1996) permite al juez o al regulador del mercado la utilización de la razón como mecanismo de análisis de las conductas que examina, dado que la redacción de la citada cláusula está proyectada para regular el comportamiento general de los agentes del mercado. Sin embargo, se ha plantado todo un debate en torno a si la norma prevé un comportamiento que debe ser analizado de forma subjetiva u objetiva;[16] si el agente de mercado incurre en la conducta de competencia desleal pero sin la intención de causar perjuicio, igualmente debe ser sancionado. A su vez, la calificación de las conductas hace pensar que el ánimo del agente es necesario para cometer la conducta catalogada como contraria a la ley; no obstante, en algunos casos el estudio deberá realizarse de manera objetiva, mientras que en otros se hará de manera subjetiva, considerando siempre el espíritu de la norma.[17]

En relación con lo anterior, el Tribunal Superior de Bogotá ha señalado:

“Con fundamento en la actual regulación legal, el criterio para calificar las prestaciones mercantiles a cargo del empresario demandado como integrantes de competencia desleal es de suyo objetivo en parte, aunque puede ser subjetivo en unos casos, esto último cuando así se haga menester conforme a la ley o lo requiera la especialidad en cada caso. Empezando por la regla general de prohibición de actos desleales que prevé el artículo 7° de la ley 256 (…) la ley prescinde del criterio subjetivo que como único o principal reinaba antes, aunque también lo considera, porque utiliza expresiones como “cuando resulte contrario”, “éste encaminado a afectar o afecte”, es decir, que con el desarrollo del acto puede haber el propósito de contrariar las sanas costumbres, los usos honestos y la buena fe comercial, o estar “encaminado” a afectar el libre mercado, casos en los que habría dolo o culpa, todo lo cual requiere de evaluación subjetiva; pero igualmente puede haber competencia desleal sin intención dañosa, sin culpa o sin falta de diligencia y previsión, porque al preceptuar “cuando resulte contrario”, “o afecte”, quiere significar, con claridad diamantina, que basta que el resultado contraríe los sanos usos y costumbre mercantiles, o afecte el mercado, con independencia del propósito o falta de diligencia para esos efectos.”[18]

IV. Derecho extranjero

En este apartado se rescatará algunas normas extranjeras que establecen definiciones sobre competencia desleal y los elementos que integran estas concepciones.[19] Este apartado iniciará a ser abordado desde algunas regulaciones estatales para luego pasar a ver lo creado por organismos trasnacionales.

En primer lugar tenemos la ley 03 de 1991 de España,[20] que en su artículo número 4 establece:

“Se reputa desleal todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe. En las relaciones con consumidores y usuarios se entenderá contrario a las exigencias de la buena fe el comportamiento de un empresario o profesional contrario a la diligencia profesional, entendida ésta como el nivel de competencia y cuidados especiales que cabe esperar de un empresario conforme a las prácticas honestas del mercado, que distorsione o pueda distorsionar de manera significativa el comportamiento económico del consumidor medio o del miembro medio del grupo destinatario de la práctica, si se trata de una práctica comercial dirigida a un grupo concreto de consumidores.”

En la normativa alemana encontramos la ley contra la competencia desleal,[21] que afirma en su sección tercera lo siguiente:

“Prohibición de prácticas comerciales injustas: 1) Las prácticas comerciales injustas son ilegales si buscan perjudicar los intereses de los competidores, consumidores u otros actores del mercado. 2) Las prácticas comerciales dirigidas a los consumidores son ilegales en cualquier caso donde dichas prácticas no estén conformes con la diligencia que debería tener el empresario y busquen perjudicar la capacidad del consumidor de tomar una decisión informada, que lo inducen a tomar una decisión que en cualquier otro caso no habría tomado. La referencia debe hacerse con respecto a un consumidor promedio, o cuando las prácticas comerciales estén dirigidas hacia un grupo particular de consumidores, la referencia será con base a un consumidor medio de ese grupo.”

De igual forma, el Reino Unido prohibió los “acuerdos entre empresas, las decisiones de asociaciones que desarrollan un proyecto o prácticas coordinadas, con las cuales: (a) Pueden afectar el comercio en el Reino Unido (b) tengan por objeto evitar, restringir o tergiversar la competencia.”[22] En particular, la normativa considera que esto se constituye cuando los acuerdos, decisiones o prácticas que se realice en el mercado:

“(a) fijen directa o indirectamente precios de compra, de venta u otras condiciones de transacción, (b) busquen limitar o controlar la producción, el mercado, el desarrollo técnico o las inversiones, (c) se repartan los mercados o las fuentes de abastecimiento, (d) apliquen condiciones desiguales en prestaciones equivalentes para otras partes, que ocasionen en ellos desventaja competitiva, (e) subordinen contratos de obligaciones complementarias en los cuales tenía que haber aceptación por las otras partes por su naturaleza o según los usos mercantiles, no guardan relación con el objeto de dichos contratos.”[23]

También es relevante para este tema la directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y el Consejo,[24] que regula las prácticas comerciales desleales, y cuyo artículo 5 numeral 2 define que: “una práctica comercial será desleal si: a) es contraria a los requisitos de la diligencia profesional, y b) distorsiona o puede distorsionar de manera sustancial, con respecto al producto de que se trate, el comportamiento económico del consumidor medio al que afecta o al que se dirige la práctica, o del miembro medio del grupo, si se trata de una práctica comercial dirigida a un grupo concreto de consumidores.”[25]

La Comunidad Andina de Naciones es un organismo internacional que está conformada por Colombia, Ecuador y Perú; y tiene como objetivo —entre otros— constituirse como un mercado común entre sus países miembros. Con relación a la libre competencia, la Decisión 285 del 2000 de la Comisión de la Comunidad contiene normas para prevenir o corregir las prácticas que pueden restringir la libre competencia, esta limitación es considerada como “los acuerdos, actuaciones paralelas o prácticas concertadas entre empresas que produzcan o puedan producir el efecto de restringir, impedir o falsear la competencia.”[26] Conforme con el artículo 4 de la mencionada decisión,[27] los comportamientos que limitan la competencia son:

“a) La manipulación indebida o fijación directa o indirecta de precios u otras condiciones de comercialización, en términos discriminatorios con relación a los que hubieran prevalecido en operaciones comerciales normales;

b) La limitación o el control de la producción, la distribución, el desarrollo técnico o las inversiones. Asimismo, las limitaciones o prohibiciones de exportar, importar o competir;

c) El reparto del mercado o de las fuentes de aprovisionamiento, en especial las maniobras destinadas a perturbar el abastecimiento normal de materias primas;

d) La aplicación en las relaciones comerciales, de condiciones desiguales para prestaciones equivalentes que coloquen a unos competidores en situación desventajosa frente a otros;

e) La subordinación de la celebración de contratos a la aceptación de prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o con arreglo a la costumbre mercantil, no guarden relación con el objeto de tales contratos; y,

f) Otros de efectos equivalentes.”

En la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) han sido emitidas diversas normas con respecto a la competencia desleal.[28] La más relevante de todas es el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial[29], que en su artículo 10 bis establece:

“En particular deberán prohibirse:

i) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;

ii) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;

iii) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.”

V. Régimen legal aplicable en Colombia

La primera normativa en Colombia que consagra la institución de la competencia desleal es la ley 110 de 1914.[30] El artículo 51 define que: “(e)l acto de mala fe que tiene por objeto producir una confusión entre los artículos de los fabricantes o de los comerciantes o agricultores, o que sin producir confusión, tienden a desacreditar un establecimiento rival.”[31] Sin introducir mayores variaciones, la ley 31 de 1925 definía la competencia desleal como un acto de mala fe que tiene por efecto desacreditar un establecimiento rival.[32]

Posteriormente, Colombia incorporó la Convención General Interamericana de Protección Marcaría y Comercial a través de la ley 59 de 1936 considera como competencia desleal a “[t]odo acto o hecho contrario a la buena fe comercial o al normal desenvolvimiento de las actividades industriales o mercantiles.”[33] Además, cabe rescatar que fue un avance muy relevante porque pasó de considerar que los actos desleales lesionaban solamente el interés particular —cómo ocurría con la legislación previa— a admitir que se puede vulnerar el orden social con estas conductas.[34] Posteriormente se expidió la ley 155 de 1959 que en realidad no hizo un gran aporte en materia de competencia desleal. El vigente Código de Comercio emitido en el decreto 410 de 1971, que realizó diversas modificaciones en el ámbito de la propiedad industrial y agregando un capítulo entero a la competencia desleal.[35]

En el año de 1991 se creó la Constitución Política de Colombia establece los principios de igualdad ante la ley, la iniciativa privada, la libertad de empresa y la libertad de competencia (arts. 333, 334 y 336).[36] Con respecto al último principio mencionado, es de rescatar que la norma superior consideró que es un valor que conlleva responsabilidades. Esto implica que es deber del Estado impedir que se obstruya la libre competencia, buscando evitar que se cometa el abuso de personas o empresas por medio de su posición dominante en el mercado, y es obligación de los particulares comportarse de forma leal en la economía.

La ley 256 de 1996 —que será el eje del texto que nos atañe— consagra la libertad en la competencia y la lealtad que deben ofrecer los miembros del mercado. Es relevante resaltar que la norma considera que no es necesario la existencia de un daño efectivo sino la simple amenaza de la comisión de la conducta desleal, esto implica dar una menor importancia al actuar doloso o culposo.[37]

VI. Caso concreto: Uber y el servicio público de transporte (taxis)

a) Contexto general sobre Uber en Colombia

La aplicación Uber está cambiando poco a poco la forma en que las personas se movilizan en las grandes ciudades del mundo. La aplicación, que ha abierto una discusión global sobre su legalidad, ya se encuentra en 334 ciudades, en 59 países. Fuera de Estados Unidos, Uber ha logrado su regulación en cinco ciudades: Calcuta (India), Toronto (Canadá), Londres (Reino Unido), Ciudad de Singapur (Singapur) y Ciudad de México (México); esto se logró gracias a la adquisición de una licencia para el transporte de pasajeros y el pago de un pequeño porcentaje de las ganancias a las autoridades locales, lo que permitió la regulación de  empresas tecnológicas que ofrecen ‘ridesharing’ -vehículos particulares o especiales para transporte de pasajeros- como Uber. Filipinas es la única nación que tomó medidas a favor de estas plataformas digitales.[38]

El camino emprendido por la compañía estadounidense, fundada en 2009 por Travis Kalanick, para ampliar su negocio a nivel mundial, le ha significado una serie de problemas: fuertes protestas de taxistas en Francia, España, Colombia y Brasil contra la aplicación; gobiernos europeos tomando medidas para prohibirla; y apertura de investigaciones judiciales a la empresa y a algunos de sus directivos.[39]

Los diez países en donde Uber hace más presencia[40]

Los diez países en donde Uber hace más presencia

En los últimos dos años, el fenómeno Uber ha generado toda clase de reacciones, algunas en contra como las de los gremios de transporte individual o taxis, y otras tantas a favor entre los usuarios de este sistema de transporte.

Uber es una aplicación móvil que permite a los clientes acceder, a través de una plataforma virtual, al servicio especial de vehículos mediante la conexión directa que se establece con los conductores de los automóviles.[41] Esta situación ha generado malestar, principalmente entre los taxistas, que ven en este sistema una competencia desleal, pues aseguran que estos vehículos no se encuentran en regla frente a las disposiciones legales que para el caso de Colombia fija el Ministerio de Transporte, entidad encargada de regular lo relacionado con la prestación del transporte público en el país; aunado a lo anterior, argumentan que evaden el pago de impuestos y obtienen mayor rentabilidad con una baja inversión.

Frente a este panorama, el Ministerio de Transporte, mediante documento fechado el 2 de octubre de 2014, hizo mención acerca de la “prestación de servicios no autorizados a través de la plataforma Uber,” el cual es una respuesta a las continuas quejas presentadas por las empresas de servicio individual ante la utilización de vehículos adscritos al transporte especial para realizar operaciones contratadas a través de la plataforma Uber.[42]

Posteriormente, la Superintendencia de Puertos y Transporte publicó el 30 de diciembre una circular externa en la que ordenaba a las autoridades de tránsito de transporte municipal, distrital y metropolitano, inmovilizar vehículos de servicio particular y público que prestasen servicio no autorizado a través de la plataforma Uber.[43] Sin embargo, muchos de los usuarios de este sistema de transporte se mostraron en desacuerdo con la decisión de las autoridades, y pese a los señalamientos, Uber continuó operando en el país. Uno de los principales argumentos que esgrime Mike Shoemaker, gerente de la compañía en Colombia, es que Uber ha permitido crear un nuevo segmento del mercado.[44]

No obstante el creciente desarrollo de Uber, el Gobierno colombiano, frente a las constantes disputas y enfrentamientos que se han presentado entre el gremio de los taxistas y los conductores del nuevo modelo de transporte, así como las persistentes amenazas de paros y bloqueos por parte de los primeros, ha pensado en bloquear la aplicación Uber, para ello se estarían analizando, extraoficialmente, tres posibilidades: i) la intervención de la Superintendencia de Transporte, ii) el pronunciamiento de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) en un eventual conflicto por competencia desleal y, el más extremo, iii) la intervención del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Ministerio TIC o MinTIC) para bloquear el uso de la aplicación.[45] Respecto a esta última posibilidad, el 17 de julio de 2015, el emitió un comunicado en el que advirtió que “no puede bloquear o suspender aplicación alguna. De acuerdo con lo previsto en las leyes 1341 de 2009 y 1450 de 2011, así como en la normativa expedida por la Comisión de Regulación de Comunicaciones –CRC- respecto al principio de Neutralidad de Red, no está dentro de las funciones del Ministerio TIC declarar la ilegalidad, ilicitud o restringir el uso de aplicaciones o contenidos, ni la de ordenar bloqueos a los proveedores de internet”.[46]  Además señaló que, de ordenarse el bloqueo por una instancia legal, judicial o administrativa, “el Ministerio TIC sólo está facultado para verificar que la orden de bloqueo sea ejecutada por parte de los operadores (ISP).”[47]

De otra parte, los representantes de Uber, manifestaron que “la regulación de la movilidad y el futuro del libre uso de internet en Colombia no pueden definirse bajo la amenaza de las vías de hecho y en favor de viejos monopolios que controlan y se lucran de los cupos de taxis”.[48]

Pese a estas discrepancias, la Superintendencia de Transporte ha impuesto cerca de 26 sanciones de carácter económico y administrativo a empresas y conductores que prestaban este tipo de servicios ilegales. Igualmente señaló la entidad que no puede sancionar directamente a Uber, debido a que no se trata de una empresa de transporte como tal, al respecto manifestó que “el problema aquí no es la tecnología sino el servicio ilegal que algunas empresas y personas prestan a través de ella”.[49] Por su parte, en la SIC se han interpuesto dos demandas contra Uber por competencia desleal, en las que los demandantes resaltan la ventaja competitiva respecto a los cupos principalmente.[50]

b) Aspectos técnicos del funcionamiento de Uber

Algunos estudiosos del fenómeno Uber a nivel mundial, entre ellos los profesores Fox y First de la escuela de leyes de NYU, han catalogado a Uber como una plataforma tecnológica, y han señalado que es desde esta óptica que deben analizarse sus efectos competitivos.[51] Por lo tanto, concluir lo contrario significaría que Tappsi y Easytaxi son empresas de transporte, que Domicilios Bogotá es un restaurante y Metrocuadrado es una empresa inmobiliaria. En esa medida es claro que una cosa es el mercado de las plataformas tecnológicas, y otra el de los servicios de transporte que se asocian a la misma, pues este es concebido con un servicio alterno, donde la plataforma digital solo se enuncia como un colaborador mutuo entre el transportador y el pasajero.

Algunos de los problemas de competencia imputados a Uber están relacionados con aspectos como: (i) supuesta cartelización de precios, (ii) supuesta imposición de precios excesivos, y (iii) competencia desleal por violación de normas o actos contrarios a la buena fe.

Para efectos de realizar una correcta aproximación al tema, es necesario extrapolar el mismo análisis que se realiza de la competencia inter-marcas e intra-marcas con la competencia inter-plataformas e intra-plataformas.[52]

c) ¿Cómo funciona Uber?

En Colombia Uber se presenta como una empresa del sector terciario o de servicios, con un capital de origen privado, con ánimo de lucro, y constituida como persona jurídica. Uber constituye una sociedad de capital que según sus obligaciones tributarias pertenece al régimen común, lo cual implica que está obligado a facturar, llevar contabilidad, tener RUT y exhibirlo y declarar renta.[53] El tipo de empresa de Uber es una sociedad por acciones simplificadas, es decir, es “una sociedad de capitales cuya naturaleza es siempre comercial, independientemente de las actividades previstas en su objetivo social.”[54]

La imputación de la cartelización de precios es un problema intra-plataforma. Uber calcula el precio con base en el número de usuarios demandando el servicio y de oferentes en ese momento. La plataforma eleva los precios en el momento en el cual la demanda incrementa, lo cual sirve como incentivo para que los nuevos conductores se asocien o se pongan en modo “disponible” a fin de normalizar de nuevo el precio conforme al libre juego de oferta y demanda. Todo lo anterior, por supuesto ajustado a la distancia que se recorra tal y como ocurre en el caso de los taxis, donde también hay un factor fijo que se multiplica por el número de metros recorridos. En esa medida el precio es fijado según un algoritmo determinado por Uber verticalmente, el cual corresponde a criterios de oferta y demanda, promoviendo de este modo la competencia entre plataformas.[55]

Uber cuenta con 5 modalidades de servicio: Uber X es la más económica ya que cuenta con conductores particulares; Uber Taxi presta un servicio tradicional de taxi en el que sus conductores tienen que cumplir con ciertos parámetros impuestos por la empresa al momento de su vinculación a la misma (exámenes), este servicio es más costoso que el de Uber X; UberAngel es un servicio que se presta únicamente en autos de gama media-alta (Executive Lincoln Towncar; Mercedes S-Class; Infiniti Q70; BMW 5-Series, 7-Series; Cadillac XTS; Lexus LS460) y color negro, es el de mayor tarifa;  y UberVan es un servicio que se presta en autos grandes con capacidad hasta de 6 personas.[56]

d) Uber y la competencia en el mercado

Tal como lo señala Ayalde[57] es importante destacar que el derecho de la competencia cada vez más acoge la idea de que cualquier restricción vertical adquirirá relevancia en la medida en que represente un abuso de la posición dominante; sin embargo, en el presente caso no existe tal posición en tanto los conductores de Uber son libres de asociarse a una u otra plataforma, así como de ofrecer sus servicios directamente usando los canales de comercialización antes descritos, los usuarios pueden elegir entre Uber, Tappsi, Easytaxi o cualquier otro medio de transporte que ellos consideren pertinente, y finalmente los oferentes y consumidores son precio aceptantes, trayendo como consecuencia que ninguna de las partes contractuales  determine el precio.

En este sentido, para Ayalde[58] la supuesta conducta anticompetitiva de establecer tarifas excesivas no es un problema de Uber, pues se presenta a partir de la errada interpretación de la legislación actual, en tanto bloquear el ingreso de Uber al darle el carácter de empresa de transporte genera una escasez en el mercado, lo cual afectará a los vehículos que quieran asociarse a varias plataformas y los usuarios a escoger entre estas. Adicionalmente, es importante anotar que el precio regulado para los taxis no está protegiendo a los usuarios y si está generando una escasez y un perjuicio en el bienestar de los usuarios que simplemente no pueden transportarse.

e) Uber y la competencia desleal

En el presente apartado, se analizará si la conducta de Uber encaja en los actos específicos de competencia desleal relevantes para el caso, establecidos entre el artículo 8 y el 18 de la ley 256 de 1996.

i.  Actos de desviación de clientela

Los actos de desviación de clientela están consagrados en el artículo 8 de dicha norma. Al respecto, Dionisio de la Cruz argumenta que: “(l)a tipificación del acto de desviación de clientela exige demostrar una desviación concreta o dirigida hacia alguien en particular o, por lo menos un conjunto determinable de clientes a desviar.”[59]

De igual forma para Germán Zarama “(u)n posicionamiento o expansión en el mercado generalmente tiene como consecuencia el desplazamiento de la clientela de los competidores a favor del agente económico que expande su posición. Por tanto, la norma sanciona al agente que desvíe la clientela mediante conductas desleales que vulneren los usos mercantiles y la buena fe comercial.”[60]

Para la Superintendencia de Industria y Comercio “(…) lo que se debe establecer en este caso, no es si la accionada desvió o no la clientela de su competidora sino si tal desviación se produjo mediante el empleo de medios que fueron contrarios a las sanas costumbres mercantiles o a los usos honestos en materia industrial o comercial.”[61] Dijo esta entidad: “(a)sí las cosas, ofrecer productos para competir en el mercado y como consecuencia de ello ganar clientela, inclusive a costa del competidor, es un acto natural del mercado, que en nada contraviene las sanas costumbres mercantiles, ni los usos honestos en materia industrial y comercial, pues el actuar honesto en el mercado, radica precisamente en disputar una clientela, ofreciendo para ello bienes o servicios que permitan al consumidor o comprador ampliar las posibilidades de elección entre los varios que le son ofrecidos en el mercado.”[62]

Teniendo en cuenta lo anteriormente analizado, el disputar la clientela no configura competencia desleal, a menos de que se haga contrario a las buenas costumbres. No se vulnera este artículo ya que lo que realiza Uber es ampliar de diversas maneras los bienes o servicios ofrecidos por otros competidores, dando un servicio más seguro y cómodo para sus usuarios.

ii. Actos de confusión

Establecido en el artículo 10, es “[u]no de los métodos comúnmente utilizados por parte de los agentes con el fin de posicionarse en el mercado de manera inescrupulosa consiste en la realización de conductas que generan confusión en los consumidores respecto de los productos o servicios que ofrecen ellos mismos o a través de terceros.”[63] En esencia se refiere a la acción de confundir al consumidor hasta el punto de tomar una cosa por otra.

A lo largo del artículo hemos mostrado que hay diversas diferencias entre la actividad de Uber con respecto al servicio de taxis. Afirmar que en este caso se realizan actos de confusión sobre los usuarios implicaría creer que Uber es una empresa de taxis y no una aplicación; sin embargo, la empresa ha dejado muy claro que su actividad económica tiene que ver con “actividades de desarrollo de sistemas informáticos,”[64] y aunque puedan haber dudas si su qué hacer realmente corresponde con lo afirmado, es evidente que hay suficientes diferencias entre estos para que no se configure el artículo.

iii. Actos de descrédito

Consagrado en el artículo 12, “[s]e establece que incurrirá en actos de descrédito quien utilice aseveraciones falsas u omita verdaderas, de tal manera que se lleguen a afectar el establecimiento, la empresa o las prestaciones mercantiles de un tercero.”[65]

Hasta el momento, las conductas realizadas por Uber no han mostrado aseveraciones o indicaciones falsas que induzcan al error a las personas a las que va dirigida la actividad. En lugar de ello, esta empresa ha reconocido las diferencias entre las prestaciones que tiene contra sus competidores, y con base en ello ha intentado hacer énfasis para marcar distinciones entre los servicios que busca dar y los que dan sus competidores.

iv) Actos de comparación

Aunque en Colombia es factible realizar publicidad comparativa, ésta se debe realizar entre elementos que sean susceptibles de comparación y utilizando criterios objetivos, coherentes y veraz para hacerlo.[66] Con respecto a esto, la empresa estadounidense ha comparado el servicio que da con el ofrecido con los taxistas teniendo como eje la atención al cliente; sin embargo, en este caso no se ha demostrado que hayan hecho aseveraciones incorrectas o falsas sobre sus competidores.

v) Actos de imitación

En el país no toda imitación está prohibida, siempre y cuando se realice conforme a lo establecido en el ordenamiento jurídico. La infracción ocurre cuando por medio de estos actos se pretende impedir la afirmación de los demás competidores en el mercado.[67]

Al realizar tal énfasis en las diferencias, Uber no intenta imitar el sistema tradicional utilizado por los taxistas, en lugar de ello, busca promover las novedades que trae en comparación con estos.

vi) Explotación de la reputación ajena

Ocurre cuando la conducta de un agente que goce de un estatus comercial, industrial o profesional, se encuentre afectado por un infractor que se aproveche de dicha calidad por interés propio o ajeno.[68] Tampoco es evidente que la actitud de Uber ha sido aprovecharse de la fama y la reputación adquirida por alguno de sus competidores en el mercado.

vii) Violación de normas

Según Dionisio de la Cruz “(e)n un Estado de Derecho como el que rige a Colombia, todas las actividades económicas se deben desarrollar dentro de un marco normativo más o menos intromisivo del Estado, que cobija las distintas actividades en búsqueda de la igualdad entre concurrentes, siempre que ello sea sostenible.” [69] Esto se refiera a normas que delimitan el mercado o que restringen el acceso a una profesión.[70]

Con respecto a eso, el decreto 172 de 2001 que reglamenta el “Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Individual de Pasajeros en Vehículos Taxi”, establece:

  • El artículo 6 establece que quien quiera prestar el servicio en vehículos taxi deberá ser una empresa de transporte legalmente constituida y debidamente habilitada en esta modalidad, en forma individual, sin sujeción a rutas ni horarios, donde el usuario fija el lugar o sitio de destino. La actividad que realiza Uber contraría este artículo, porque en primer lugar no cumple con el requisito de ser una empresa de transporte legalmente constituida, al ser una empresa con una actividad económica enfocada en el desarrollo de sistemas informáticos.
  • Los artículos 10 y 11 establecen que para poder prestar el servicio en taxi es necesario solicitar y obtener la habilitación legal. En caso de que se concediera dicha habilitación, sólo se le permitirá la actividad que le fue permitida. Uber no puede prestar este tipo de servicio porque no ha recibido la habilitación legal por parte del Ministerio de Transporte.

Pero si se quiere entender a Uber como una empresa de transporte automotor especial, se tendría que acudir a una revisión del decreto 174 de 2001, el cual establece:

  • El artículo 6 consagra que quien quiera prestar el servicio de transporte automotor especial, deberá ser una empresa de transporte legalmente constituida y debidamente habilitada en esta modalidad, a un grupo específico de personas ya sean estudiantes, asalariados, turistas (prestadores de servicios turísticos) o particulares, que requieren de un servicio expreso y que para todo evento se hará con base en un contrato escrito celebrado entre la empresa de transporte y ese grupo específico de usuarios. Tomando en consideración este artículo, Uber no puede prestar el servicio de transporte especial porque no es una empresa de transporte, carece de habilitación legal para realizar esa actividad. Sin embargo, esta empresa es una plataforma que permite acercar a los que prestan el servicio de transporte con los usuarios que requieren el servicio.
  • Los artículos 10 y 11 establecen que para poder prestar el servicio de transporte automotor especial se requiere una habilitación de parte del Ministerio de Transporte. Uber no cuenta con dicha autorización, ya que ésta es tan solo una aplicación y no una empresa de transporte.

Siguiendo lo anteriormente dicho, Uber no incurre en competencia desleal por violación de normas —artículo 18 de la ley 256 de 1996— ya que la reglamentación sobre ese servicio de transporte especial no encaja con la actividad que realiza la empresa. Sin embargo, en el apartado siguiente veremos cómo los debates surgidos respecto al uso de aplicaciones como Uber se han intentado desarrollar en el decreto 1079 de 2015 que veremos a continuación.

VII. Uber hoy

Con todos los conflictos generados alrededor del funcionamiento de Uber, el Presidente Juan Manuel Santos le delegó al vicepresidente la creación de un decreto que regulará el servicio prestado por Uber, todo esto con ayuda de la ministra de transporte Natalia Abello. Se creó una mesa de trabajo y finalmente el 23 de noviembre de 2015 se dio por terminado la creación del decreto 1079, el cual unifica toda la reglamentación del sector transporte; en este decreto, y a modo de regulación de los servicios prestados por Uber, se presentó la nueva modalidad de “taxis de lujo” que para esta normativa se entiende según el numeral 1 del parágrafo 2 del artículo 2.2.1.3.3 como:

“(…) aquel que ofrece a los usuarios condiciones de comodidad, accesibilidad y operación superiores al nivel básico. Se caracteriza por ofrecer sus servicios utilizando únicamente medios tecnológicos con plataformas para la oportuna y eficiente atención a los usuarios. El pago sólo se realiza por medios electrónicos y el servicio únicamente se presta en vehículos clase automóvil sedan, campero de cuatro puertas y/o camioneta cerrada. Este servicio contará con tarifa mínima regulada, que en ningún caso será igual o inferior a la del nivel básico.”

Sin embargo, esta nueva modalidad no soluciona en nada la problemática de Uber ya que solo le pone impedimentos a modo de condiciones, y restringe las posibilidades de servicio que ofrece la plataforma, y solo deja en funcionamiento una aleación entre el servicio Uber Black y Uber Taxi. Por otro lado, el decreto nunca trata el tema de Uber X, el más conflictivo, por lo que se entiende como permitido, pero sin regulación.

En definitiva, el decreto deja muchos interrogantes a su paso, como la relación laboral que existiría entre los conductores y las plataformas inscritas al Ministerio de Transporte o el por qué se trata todo el tema de transportes en solo un decreto presidencial.

VIII. Conclusión

Las dinámicas propias de la globalización plantean los más disimiles problemas al derecho en general, pues el rápido curso de las actividades económicas y tecnológicas dejan rezagado al ordenamiento jurídico; por ejemplo, en la rama privada y administrativa no han conseguido ponerse a la par con plataformas digitales como Uber, principalmente con las relaciones que estos sistemas aplicativos engendran en las reciprocidades de consumo y empleo.

Así pues, los autores de este texto consideramos que los intentos de regulación han fracasado para un nuevo servicio de transporte que —según lo analizado en el presente artículo— afirmamos que no se identifica en alguna causal de competencia desleal, afirmamos que las regulaciones como el decreto 1079 de 2015 se quedan cortas al tratar de reglamentar el problema Uber.

Sin embargo, la Superintendencia de Puertos y Transportes mediante resolución No. 07838 del 02 de marzo de 2016 confirmó la sanción de 700 SMLMV  impuesta en primera instancia a la sociedad UBER COLOMBIA S.A.S.[71] Los elementos que fundamentaron esta resolución fueron extraídos de la decisión de primera instancia que determinó que “(i) (e)l servicio prestado por los socios y conductores adscritos a la plataforma de que se aprovecha UBER COLOMBIA S.A.S. es, efectivamente, no autorizado [y que] (ii) UBER COLOMBIA S.A.S. facilita su prestación en esas condiciones irregulares, mediante la plataforma tecnológica de que se aprovecha, por tolerancia de acuerdo con las firmas extranjeras UBER TECHNOLOGIES INC y UBER B.V.”[72]

Esta medida provoca una serie de debates ya que se toma conforme con “lo dispuesto en las normas que regulan el servicio público de transporte terrestre automotor especial y el individual de pasajeros en vehículos tipo taxi.”[73] Como bien lo hemos desarrollado en este texto, esas normativas —siendo de vital relevancia el decreto 1079 de 2015 — no regula la situación de Uber, sino que consagra, en lo referente al tema que nos atañe, un nuevo tipo de servicio especial que en muchos aspectos no se asemeja a la plataforma y que por tanto no se cobija por el decreto anteriormente nombrado.

Consideramos que ante estos desafíos la discusión normativa está vigente, representando un punto esencial en el devenir jurídico nacional e internacional. La situación actual de Uber cada vez será más propia del futuro, pues este caso refleja la tensión de un mercado constantemente mutable y un ordenamiento jurídico que guarda disposiciones rancias frente a la tecnología, dejando entre dicho el derecho que tienen los consumidores de elegir el servicio que más se adecue a sus gustos.

Finalmente determinamos que se debe replantear todo el sistema de trasportes de la nación en lo referente al servicio individual de pasajeros en miras de crear una igualdad material más cercana a la que consagra el artículo trece de la Constitución Política, pero pretendiendo no dejar de lado la estricta regulación que requiere la prestación de este tipo de servicios.

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Anexo A

Anexo A

Anexo A 2

Anexo A 3
Anexo A 4

Anexo B

Anexo B

Anexo C

Anexo C

Anexo C 2

Anexo DAnexo D

Anexo D 2

Anexo E

Anexo E

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[1]
Estudiante de quinta matrícula de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá. Correo: luacastellanosca@unal.edu.co

[2] Estudiante de sexta matrícula de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá. Correo: savendanoj@unal.edu.co

[3] Estudiante de quinta matrícula de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá. Correo:  ycoronela@unal.edu.co

[4] Estudiante de quinta matrícula de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá. Correo: lssanchezs@unal.edu.co

[5] Inma Zamora, Uber ¿ilegalidad o consumo colaborativo?, ABC, (4 de febrero de 2015), http://www.abc.es/tecnologia/moviles-telefonia/20140504/abci-polemica-uber-taxistas-201404251043.html.

[6] El Universal, Enfrenta Uber problemas con justicia en diversos países, (12 de diciembre de 2014), http://archivo.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/enfrenta-uber-problemas-con-justicia-en-diversos-paises-1061489.html.

[7] Felipe Márquez Robledo, Apuntes sobre derecho económico y derecho de la competencia (Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, 2007).

[8] José María Berdugo Garavito, Derecho de la Competencia, en Aspectos del derecho de la competencia 89 (Enrique Gaviria Gutiérrez et al. eds., Bogotá: DIKÉ, 2003) [Berdugo, Derecho de la Competencia].

[9] Id. en 70.

[10] Mauricio Velandia. Derecho de la competencia y del consumo: competencia desleal; abuso de la posición de dominio; carteles restrictivos; integraciones económicas y protección al consumidor (Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2008).

[11] Id.

[12] Id. en 276.

[13] Id.

[14] Ley 256 de 1996, arts. 8-18.

[15] Concepto 01082774 de octubre 23 de 2001, [Superintendencia de Industria y Comercio].

[16] Véase, e.g., Sentencia n.° 0001 del 19 de agosto de 2005, [Superintendencia de Industria y Comercio], y las diversas posturas que plantea Alejandra Jaramillo Londoño, Desarrollo Jurisprudencial de la Cláusula General de Prohibición de Actos de Competencia Desleal, Revista de Derecho Privado, n.° 49, 1, 6 (2013).

[17] Sentencia n.° 0001 del 19 de agosto de 2005, [Superintendencia de Industria y Comercio].

[18] Sent. de diciembre 14 de 2004, T.S.D.J. de Bogotá.

[19] Para indagar sobre la normativa que regula este tema en otros países véase, Organización de las Naciones Unidas, Ley Tipo de Defensa de la Competencia (2010).

[20] Ley 03 de 1991.

[21] Traducido al español de The Act Against Unfair Competition (AAUC1), http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_uwg/ (visitada por última vez el 2 de marzo de 2016): “Prohibition of unfair commercial practices (1) Unfair commercial practices shall be illegal if they are suited to tangible impairment of the interests of competitors, consumers or other market participants. (2) Commercial practices towards consumers shall be illegal in any case where they do not conform to the professional diligence required of the entrepreneur concerned and are suited to tangible impairment of the consumer’s ability to make an information-based decision, thus inducing him to make a transactional decision which he would not otherwise have made. Here reference shall be made to the average consumer or, when the commercial practice is directed towards a particular group of consumers, to the average member of that group (…).”

[22] Traducido al español de Competition Act 1998, part I, chap. I, § 1, subsec. 1: “(…) agreements between undertakings, decisions by associations of undertakings or concerted practices which (a) may affect trade within the United Kingdom, and (b) have as their object or effect the prevention, restriction or distortion of competition within the United Kingdom (…).”

[23] Id. en subsec. 2: “(a) directly or indirectly fix purchase or selling prices or any other trading conditions; (b) limit or control production, markets, technical development or investment; (c) share markets or sources of supply; (d) apply dissimilar conditions to equivalent transactions with other trading parties, thereby placing them at a competitive disadvantage; (e) make the conclusion of contracts subject to acceptance by the other parties of supplementary obligations which, by their nature or according to commercial usage, have no connection with the subject of such contracts.”

[24] Directiva 2005/29/CE.

[25] Viendo más al detalle esta directiva, es clara la influencia que ejerce en los ordenamientos jurídicos español y alemán. En específico se puede observar ciertas similitudes con respecto a la diligencia profesional entre estas tres normativas.

[26] Decisión 285 del 2000, http://www.sice.oas.org/trade/junac/Decisiones/Dec285s.asp (visitada por última vez el 09 de septiembre de 2015).

[27] Id.

[28] Véase Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Disposiciones Tipo sobre la Protección contra la Competencia Desleal (1996).

[29] Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

[30] Manuel Alejandro Henao Chica & Alejandro Correa Carrasquilla, Protección de los Derechos de la Propiedad Industrial en Ocasión de Actos de Competencia Desleal 34 (Medellín: Universidad EAFIT, 2009) [Henao & Correa, Protección].

[31] Ley 110 de 1914.

[32] Berdugo, Derecho de la Competencia, en 55.

[33] Ley 59 de 1936.

[34] Palacio, Aspectos generales, supra nota 32.

[35] Henao & Correa, Protección, supra nota 30.

[36] Palacio, Aspectos generales, supra nota 32.

[37] Id.

[38] El Tiempo, ¿Cómo esta UBER en el Mundo?, http://www.eltiempo.com/multimedia/infografias/como-esta-uber-en-el-mundo/16283623 (visitada por última vez el 2 de marzo de 2016).

[39] Id.

[40] Id.

[41] El Tiempo, Taxistas Piden más Controles a Uber, http://www.eltiempo.com/bogota/taxistas-protestan-por-servicio-de-uber-/14880377 (visitada por última vez el 8 de septiembre de 2015).

[42] Véase Anexo A.

[43] Véase Anexo B

[44] El Tiempo, Un Conductor de Uber Gana Hasta Cuatro Veces Más que un Taxista,  http://www.eltiempo.com/tecnosfera/novedades-tecnologia/entrevista-el-gerente-de-uber-en-colombia/14653942 (visitada por última vez el 8 de septiembre de 2015).

[45] Pulso Social, Pelea entre Uber y el Gobierno Colombiano Deja como Perdedores a los Usuarios, http://pulsosocial.com/2015/07/28/pelea-entre-uber-y-el-gobierno-colombiano-deja-como-perdedores-a-los-usuarios/ (visitada por última vez el 8 de septiembre de 2015).

[46] Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Ministerio TIC no Bloquea Aplicaciones sin Orden Legal, Judicial o Administrativa, http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-11221.html (visitada por última vez el 8 de septiembre de 2015).

[47]  Revista Dinero, ¿Descontento entre el Gobierno y Uber nos Dejará Varados?, ttp://www.dinero.com/edicion-impresa/pais/articulo/continua-discusion-entre-gobierno-uber/211381 (visitada por última vez el 8 de septiembre de 2015) [Revista Dinero, Descontento].

[48] Uber Newsroom, Amenazas no Pueden Definir el Futuro de la Movilidad y el Libre Uso de Internet, https://newsroom.uber.com/colombia/amenazas-no-pueden-definir-el-futuro-de-la-movilidad-y-el-libre-uso-de-internet/ (visitada por última vez el 9 de septiembre de 2015).

[49] El Tiempo, Imponen 26 Multas por Transporte Ilegal con Aplicaciones Tecnológicas, http://www.eltiempo.com/politica/justicia/multas-por-transporte-ilegal-con-aplicaciones-ilegales/16058823 (visitada por última vez el 8 de septiembre de 2015).

[50]  Véase Revista Dinero, Descontento, supra nota 47.

[51] Alison Griswold, Taxi Apps Are Thinking Seriously About How to Compete With Uber, Money Box, (13 de enero de 2015), http://www.slate.com/blogs/moneybox/2015/01/13/uber_competition_can_a_global_taxi_alliance_put_other_ride_apps_on_the_map.html.

[52]    Derecho y Política de Libre Competencia en América Latina, Uber: Competencia entre Plataformas, Innovación y Política Económica Colombiana, http://lalibrecompetencia.com/2015/02/05/uber-competencia-entre-plataformas-innovacion-y-politica-economica-colombiana/#_ftn1 (visitada por última vez el 8 de septiembre de 2015).

[53] Véase el Anexo C.

[54] Hildebrando Leal, Derecho de Sociedades Comerciales: Partes General y Especial 1046 (Bogotá: Editorial Leyer, 2013).

[55] Id.

[56] Uber, Viajar con Uber, https://www.uber.com/es/cities/bogota/ (viisitada por última vez el 21 de febrero de 2016).

[57] Víctor Ayalde, Derecho de la Competencia en los Mercados Digitales, 16, http://fiadi.org/wp-content/uploads/2015/08/Victor-Ayalde-Lemos.pdf  (visitada por última vez el 24 de febrero de 2016).

[58] Id.

[59] Dionisio de la Cruz, La Competencia Desleal en Colombia: Un Estudio Sustantivo de la Ley 53 (Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2014) [Cruz, La Competencia Desleal].

[60] Germán Zamara, Marco Regulatorio para la Competencia de Agentes Económicos en Colombia 50 (Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, 2010) [Zarama, Marco Regulatorio].

[61] Resolución 5321 de 23 de marzo de 2004, [Superintendencia de Industria y Comercio].

[62] Id.

[63] Véase Zamara, Marco Regulatorio, supra nota 60, en 8.

[64] Véase Anexo C.

[65] Véase Zamara, Marco Regulatorio, supra nota 60, en 9.

[66] Id. en 10.

[67] Id. en 10.

[68] Id. en 11.

[69] Véase Cruz, Competencia desleal, supra nota 64, en 215-216.

[70] Alberto Emparanza, Violación de Normas: Comentario Práctico a la Ley de Competencia Desleal 263-272 (Bogotá: Editorial Tecnos, 2009).

[71] Superintendencia de Puertos y Transporte, Superintendencia de Puertos y Transporte Confirma Sanción Impuesta a Uber Colombia S.A.S. (2016),  http://www.supertransporte.gov.co/documentos/2016/Marzo/Comunicaciones_07_N/comunicado%20final.pdf (visitada por última vez el 12 de marzo de 2016).

[72] Id.

[73] Id.